El cierre de un convenio que afecta a 50 jóvenes y sus familias genera controversia en Castillos
La Asociación Civil Casa Ambiental, que desde 1991 trabaja en la ciudad de Castillos, denuncia la rescisión «arbitraria e injustificada» del convenio que mantenía con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para la gestión de un Centro Juvenil.
Esta decisión, comunicada de manera repentina el 13 de diciembre, pone en riesgo el acceso de 50 adolescentes y sus familias a servicios educativos, sociales y comunitarios que se brindan en el centro.
Una decisión sin explicaciones claras
Eduardo Pereira, uno de los representantes de Casa Ambiental, señaló que la organización no recibió ninguna notificación previa ni observaciones que justificaran esta medida. “INAU tiene un reglamento que establece un procedimiento claro para el monitoreo y desvinculación de convenios. Sin embargo, este no fue respetado en nuestro caso”, afirmó. Además, destacó que las auditorías realizadas durante el año confirmaron que las condiciones del local, los materiales y los servicios ofrecidos cumplían con los estándares exigidos.
Según Pereira, uno de los argumentos presentados por INAU fue la supuesta falta de un prevencionista de seguridad. Sin embargo, Casa Ambiental asegura que había solicitado la autorización para contratar dicho servicio en julio, sin recibir respuesta del organismo. “No se puede alegar una falta cuando el propio INAU no ha aprobado el gasto necesario para subsanarla”, sostuvo.
Impacto en la comunidad
El cierre del Centro Juvenil afecta directamente a 50 adolescentes que participaban en talleres diarios y actividades de apoyo pedagógico, así como a sus familias, quienes también recibían acompañamiento. “Se trabajaba en el desarrollo de habilidades para la vida, como talleres de cocina, huerta, serigrafía y reparación de bicicletas”, explicó Mariana, una de las educadoras del centro. “Nuestro enfoque siempre fue integral, atendiendo tanto a los jóvenes como a sus familias, quienes enfrentan diversas situaciones de vulnerabilidad”.
La decisión también genera incertidumbre para los 10 trabajadores del centro, muchos de los cuales dependen exclusivamente de este empleo. “Nuestro trabajo está siendo cuestionado sin fundamentos claros. Nos sentimos interpelados e indignados”, expresó Pablo, otro miembro del equipo.
Transferencia cuestionada
El convenio rescindido fue otorgado a una cooperativa denominada Olas del Este, una organización de la que no se tienen referencias en Castillos. “La directora departamental del INAU nos confirmó que desconocía los antecedentes de esta cooperativa, lo cual genera más dudas sobre el proceso de selección”, indicó Pereira.
Padres de los jóvenes afectados también manifestaron su preocupación por la medida. En una reunión con autoridades del INAU, plantearon que el cambio repentino vulnera los derechos de los adolescentes al interrumpir un proyecto que venía funcionando adecuadamente. “Nos sentimos desprotegidos. No entendemos por qué toman esta decisión sin consultar ni informar de manera transparente”, declaró uno de los padres presentes.
Una trayectoria de compromiso social
Casa Ambiental tiene una larga historia en Castillos, comenzando en 1991 con proyectos de conciencia ambiental impulsados por los padres franciscanos. A lo largo de los años, la organización amplió su alcance hacia iniciativas sociales y educativas, trabajando en colaboración con diversas instituciones, incluidas el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) e INAU. Desde 2023, gestionaba el Centro Juvenil como parte de una política pública orientada al apoyo integral de adolescentes.
“El cierre de este convenio no solo perjudica a nuestra organización, sino que también sienta un precedente preocupante para otras organizaciones sociales que dependen de convenios similares con INAU”, advirtió Pereira.
Acciones en curso
Casa Ambiental cuenta con un plazo de 10 días para apelar la resolución y está trabajando en la recopilación de pruebas para respaldar su caso. Entre estas, se incluyen actas de supervisión que certifican el cumplimiento de las exigencias por parte del centro y correspondencia que demuestra la falta de respuesta de INAU ante solicitudes clave.
La organización también busca visibilizar la situación a través de los medios y generar apoyo en la comunidad. “Es fundamental que las decisiones relacionadas con políticas públicas sean transparentes y respeten los derechos de todas las partes involucradas”, concluyó Pereira.
Preocupación generalizada
Casa Ambiental confía en que su apelación será considerada y espera que el INAU reconsidere su postura. Mientras tanto, los jóvenes y familias afectados esperan una resolución que les permita continuar con las actividades que tanto impacto positivo han tenido en sus vidas.
