La Comisión de Constitución y Códigos del Senado aprobó, con la excepción de los votos del Partido Nacional, el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de realizar concursos públicos para el ingreso de personal en todas las Intendencias departamentales.
El mencionado proyecto requería la aprobación por dos tercios de la Comisión, y contó con el respaldo de los votos del Partido Colorado, Frente Amplio y Cabildo Abierto, mientras que el Partido Nacional emitió su voto en contra. Ahora, el proyecto deberá obtener también el respaldo de dos tercios en los plenarios de ambas cámaras para su aprobación definitiva.
El senador colorado Adrián Peña, impulsor del proyecto, expresó: «Acabamos de votar en la Comisión de Constitución del Senado el Proyecto de ley que obliga al concurso y/o sorteo para el ingreso de personal a las Intendencias. Hemos obtenido la mayoría especial requerida con votos del Partido Colorado, Frente Amplio y Cabildo Abierto. El proyecto pasará ahora al plenario donde también será necesario alcanzar la mayoría especial de 2/3»
Por su parte, el Congreso de Intendentes defendió ante la comisión de Constitución y Legislación del Senado la inconstitucionalidad del proyecto. El jerarca de Maldonado y presidente del Congreso, Enrique Antía, argumentó que la propuesta presentaba «un viso de inconstitucionalidad muy grande» y que «es innecesaria desde el momento en que prácticamente todas las intendencias tienen estatutos que las rigen».
Alejo Umpiérrez, por su parte, señaló que se trata de un tema «ideológico pero no partidario», haciendo referencia a una histórica lucha entre la centralización y otras formas de gobierno no centralizadas. Reconoció además su oposición a una ley similar durante el gobierno blanco de Luis Alberto Lacalle en la década de 1990.
En relación a este punto, Umpiérrez remarcó: «¿Qué pasó en aquel entonces? Se desarrollaron diversas acciones de inconstitucionalidad, un digno y sano reflejo. Ojalá siempre exista en los que estamos de este lado ese mismo reflejo, que es la natural respuesta frente al poder central».
Se recordó también que en aquella época, la comuna dirigida por Tabaré Vázquez fue una de las tres que recurrieron –con éxito, tras sentencia de la Suprema Corte– los artículos referidos a la obligación de que los contratos sean por concurso de oposición y méritos, por considerar estos movimientos de estricta potestad de las intendencias.
En defensa del proyecto, el senador Peña argumentó en la sesión que las cátedras consultadas aseguran la constitucionalidad del mismo. Asimismo, hizo hincapié en que la cuestión no radica en una lucha entre centralismo y descentralización, sino «entre transparencia y opacidad».
Peña enfatizó: «Me cuesta mucho entender que si hay normativa departamental alineada, aunque obviamente de menor jerarquía que la ley, con los dos tercios (de votos en Cámara de Senadores) que exige la Constitución, cuál sería la oposición».
Además, el impulsor del texto sostuvo que con dos tercios de los votos –exigidos por el artículo 64 de la Constitución de la República para establecer normas aplicables a funcionarios de intendencias– el proyecto ya «es constitucional».
La discusión en torno a este proyecto ha generado un intenso debate en el ámbito político y jurídico, poniendo en relieve diferentes posturas respecto a la descentralización del poder y la transparencia en los procesos de contratación en las Intendencias departamentales.
El proyecto pasará ahora al plenario donde también será necesario alcanzar la mayoría especial de 2/3.
Fuentes: @elobservador / @ladiaria
