Escándalo en el Parque Nacional de Santa Teresa: Militares reciben miles de dólares por venta irregular de madera
Los coroneles William Soria y Gerardo Dattele, quienes en el pasado dirigieron el Servicio de Parques del Ejército (Sepae), se encuentran en el ojo del huracán tras la firma de contratos cuestionables con una empresa privada.
Estos acuerdos, bajo el pretexto de «manejo silvicultural», tuvieron lugar en el Parque Nacional de Santa Teresa.
Contratos en la Sombra: El Entrelazado de Nombres
Los documentos revelaron la firma de los contratos el 1 de julio de 2020 y el 10 de mayo de 2021. En ellos, aparecen los nombres de Dattele, Soria y Paul Romero, este último exjefe de la División Forestal del Sepae.
Sin embargo, la cuestión clave radica en la irregularidad de estos acuerdos: no pasaron por los canales de control habituales para su aprobación.
Ni el Ministerio de Defensa ni el Tribunal de Cuentas fueron informados o consultados, violando así los procedimientos establecidos.
¿Qué Establecían los Contratos?
La empresa privada se comprometía, según los términos, a llevar a cabo diversas actividades dentro del Parque Nacional.
Estas incluían desde la tala selectiva de árboles hasta la limpieza de alambrados y líneas de alta tensión.
Además, se contemplaba la mejora de caminos para prevenir incendios forestales, así como la regeneración natural de la zona.
Por su parte, el Sepae debía facilitar la entrada al parque tanto del personal como de la maquinaria necesaria para la ejecución de estas tareas.
El Precio de la Controversia
Uno de los puntos más polémicos fue el pago por la madera cortada.
Según la documentación obtenida, la empresa pagó alrededor de US$ 400 por cada camión de 25 toneladas, con un total de 21 camiones transaccionados entre mayo y septiembre de 2021.
Esta suma, destinada al Sepae, ascendió a aproximadamente US$ 10.000, siendo recibida por Paul Romero en nombre del organismo militar.
Todas las comunicaciones informales entre la empresa privada y los militares se canalizaron a través de Romero, según fuentes cercanas al caso.
Reacciones y Consecuencias
A finales de 2021, las autoridades del Ministerio de Defensa tomaron cartas en el asunto tras enterarse de estas prácticas irregulares.
Se ordenó una investigación administrativa que concluyó en la necesidad de cambiar las autoridades del Sepae para evitar la continuación de estas acciones.
Además, se impusieron las sanciones correspondientes según lo dictaminado por el departamento jurídico del ministerio.
En respuesta, el privado inició una demanda por rescisión de contrato y daños y perjuicios, reclamando una compensación que supera los US$ 500.000.
Este episodio también tuvo repercusiones internas en el Ejército, con la sanción de un teniente que denunció las prácticas irregulares.
Fuente y Fotografías: Montevideo Portal
Investigación Periodística : Joaquín Symonds
