Adriana Moreno , vecina de la frontera Chuy charló con Alejandro Renauro respecto a la repatriación de los cuerpos de dos ciudadanos uruguayos fallecidos por ahogamiento en Brasil plantea una serie de desafíos legales y financieros que merecen atención urgente por parte de las autoridades competentes y la sociedad en general.
Contexto del Incidente
El accidente ocurrió en el arroyo Chuy, del lado Brasilero, y los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Instituto Médico Legal en Rio Grande.
Ante esta tragedia, las familias de los fallecidos se encontraron en una situación de vulnerabilidad económica, sin los recursos necesarios para costear el traslado de los cuerpos de vuelta a Uruguay.
Gestiones Realizadas
Se llevaron a cabo gestiones con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el consulado, así como con la Prefectura local, para solicitar apoyo en el proceso de repatriación. Sin embargo, se encontraron con la desalentadora noticia de que las instituciones no contaban con los fondos necesarios para cubrir los costos del traslado.
Falta de Recursos Estatales
El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que el Estado uruguayo no disponía de los recursos económicos, específicamente 140 mil pesos, para llevar a cabo el trámite de repatriación de los cuerpos. Esta revelación dejó en evidencia una carencia importante en los recursos destinados a situaciones de emergencia y repatriación de ciudadanos en el extranjero.
Llamado a la Colaboración Ciudadana
Ante la falta de respuesta y apoyo estatal, Adriana Moreno realizó un llamado a la ciudadanía para recaudar los fondos necesarios para financiar el traslado de los cuerpos desde Brasil a Uruguay. Se destaca la necesidad imperativa de solidaridad y colaboración comunitaria para superar esta difícil situación.
Reflexión sobre la Violencia Institucional
El caso de Adriana Moreno evidencia una forma de violencia institucional, donde las personas en situación de vulnerabilidad son desatendidas por el sistema estatal. La falta de recursos y la falta de claridad sobre las competencias institucionales reflejan una realidad preocupante que requiere atención inmediata.
