En 2006 el gobierno democrático de Uruguay encabezado por su presidente Dr.Tabaré Vázquez impuso por decreto la mamografía bianual a las uruguayas como condición para ejercer el derecho al trabajo, conducir un vehículo, realizar actividad física y estudiar.
Una uruguaya decidió rechazar lo que llamó “un atropello a sus derechos” y se enfrentó judicialmente a las autoridades sanitarias del gobierno desde el año 2012.
Después de cuatro años de incansable lucha, la Justicia le dio la razón y un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) establece que la mamografía no puede ser obligatoria para sacar el carné de salud laboral y que debe existir consentimiento informado para este tipo de estudios, informando correctamente a la ciudadanía sobre los riesgos que puede implicar para su salud, así como sobre posibles falsos positivos.
La sentencia emitida el 19 de julio de 2016 y conocida el 23 de setiembre a través de los medios de comunicación, afirma que el decreto 571 del Poder Ejecutivo y la ordenanza 402 del Ministerio de Salud (MS), dictados en 2006, tienen “invalidez absoluta” porque “limitan derechos fundamentales” como “el goce de la libertad” y “el derecho de cada persona a no ser sometida a procedimientos terapéuticos o diagnósticos sin previo consentimiento informado”.
En 2016 a raíz de esa experiencia y sumado al anuncio de la obligatoriedad de la vacuna del VPH a niñas, un grupo de ciudadanos afectados por los efectos de otras vacunas deciden formar Libertad Sanitaria para seguir luchando para erradicar ese tipo de procedimientos médicos
Estos son algunos de los proyectos de ley presentados en el Parlamento por LSU ante PROPACI .
1 Establecer que la vacunación sea declarada un acto médico, como lo es en otros países.
2 Establecer por ley un sistema de indemnización a los dañados por vacunas como existen en 20 paises.
3 Derogar la obligatoriedad de los carnés de salud para adultos y niños.
